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Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la República ante la Asamblea Nacional
Honorable Señor Vice-presidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque. Honorables Miembros de la Asamblea Nacional. Señores Secretarios de Estado. Autoridades Civiles y Militares. Monseñor Timothy Broglio, Nuncio de su Santidad, Juan Pablo II. Señores Miembros del Cuerpo Diplomático. Invitados Especiales. Señoras y Señores: Los hombres y mujeres que poblamos esta tierra dominicana disfrutamos del inmenso privilegio y del gran honor de ser parte de una comunidad de ciudadanos libres. De ciudadanos que escogen por voluntad popular a sus autoridades, elaboran sus leyes, tejen sus costumbres y tradiciones y construyen su propio destino. Ese es el valor y el significado de que 161 años después de que los padres fundadores proclamasen la independencia de la República, hoy podamos cobijarnos bajo la bandera tricolor, anunciándole al mundo, con orgullo, que existimos como nación soberana e independiente, bajo el nombre de República Dominicana. Edificar los cimientos de esta gran nación fue una obra titánica. Haberla sostenido durante más de siglo y medio, una epopeya. En ese lapso, el país ha tenido que enfrentarse a múltiples peligros, conflictos y amenazas. Como resultado de eso, por momentos ha parecido exhausto y desorientado. Pero en cada circunstancia, guiado por la mano de Dios e inspirado en el ideario de Juan Pablo Duarte, ha sabido sortear todas las dificultades y ha emergido siempre con más fuerza y vigor; con más energía creadora y con mayor vitalidad. Hace tan sólo seis meses, la República Dominicana se encontraba en una situación de deterioro alarmante. Parecía un paciente bajo cuidados intensivos. El diagnóstico emitido por los expertos era de pronóstico reservado, y en el mejor de los casos, de optimismo cauteloso. No puedo proclamar hoy ante ustedes que, en tan sólo seis meses de nuestra administración, al paciente se le haya dado de alta. Por mucho que me habría gustado transmitir esa información, sería una muestra de desconocimiento de la realidad. Sin embargo, sí puedo asegurarles que, como consecuencia de la gestión de las actuales autoridades, al paciente ya se le ha retirado de la sala de emergencia y hoy se encuentra en un franco proceso de recuperación y mejoría. Esperamos que, con los cuidados y atenciones que recibe, en poco tiempo pueda estar plenamente integrado a sus labores cotidianas de promotor del progreso y bienestar colectivo del pueblo dominicano. Cuando el pasado 16 de agosto asumimos por segunda vez la conducción de la vida pública nacional, estábamos plenamente conscientes de los inmensos desafíos que tendríamos que enfrentar durante la gestión que entonces se iniciaba. Esos desafíos eran gravísimos por la magnitud y la profundidad de la crisis económica y social que recibíamos como herencia, así como por el gran menoscabo de la institucionalidad del Estado democrático de Derecho. Como todos ustedes han podido experimentar en su diario vivir, en el período que nos ha precedido, la economía de la República Dominicana ha padecido de todos los males posibles: la inflación más alta de América Latina, la mayor devaluación del peso en la historia nacional, cero crecimiento económico – más bien un decrecimiento; déficit fiscal, atrasos en el pago de la deuda externa, así como su exorbitante incremento, galopante aumento de la deuda interna y a la par de todo esto, una abrupta caída de las reservas internacionales. Estos denominados “indicadores económicos” se reflejaron de manera muy concreta y palpable en un creciente desempleo, en una disminución de ingresos, en una caída del poder adquisitivo y en un aumento de la pobreza. En conclusión, decadencia, en vez de progreso. Desilusión, en lugar de esperanza. Tristeza y preocupación en sustitución de alegría y optimismo. Sin querer abrumarles con recordatorios sombríos de lo que hasta poco fue nuestra realidad nacional, permítanme, rápidamente, pasar revista a los desafíos que tuvimos que enfrentar y a los cuales, con la colaboración de ustedes, pudimos ir encontrando remedio y soluciones. Por ejemplo, la inflación acumulada en el período enero-agosto del 2004 había llegado a 33 por ciento, y las proyecciones indicaban que al terminar el año llegaría a 47 por ciento. Sin embargo, durante los meses iniciales de nuestro gobierno, la inflación registró tasas negativas, lo que equivale a decir que los precios de los artículos tendieron hacia la baja, y terminamos el año con una inflación mucho menor a la prevista. Refiriéndose precisamente a este tema de la inflación, hace apenas dos semanas, la firma de inversiones Bearn Stearns, decía lo que sigue: “Los resultados del pasado mes de enero, en el que la inflación fue tan sólo de 0.79 por ciento, confirman que las presiones inflacionarias en la República Dominicana se encuentran controladas, esto apoyado por una moneda estable y una bien manejada política monetaria, la cual está fundamentada en la estabilidad de la base monetaria.” En una nota adicional, la misma firma de inversión sostiene que “Las proyecciones de inflación a corto plazo son de 7 por ciento a 9 por ciento, lo que sugiere que el país, si se sostienen las tendencias actuales, superará la meta del FMI para el 2005, de un 11 a un 13 por ciento.” La tasa de cambio promedio para el período anterior a nuestro gobierno había llegado a 45 pesos por dólar, y la tasa de interés sobrepasaba el nivel del 50 por ciento. En la actualidad, la tasa de cambio ha oscilado entre 28 y 30 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de nuestra moneda inimaginable al momento de asumir el mandato presidencial. Estimaciones preliminares indican que para el año 2004, de no haberse tomado medidas de ajuste fiscal, el déficit del sector público no financiero habría sido superior a los 26 mil 500 millones de pesos. Por esa razón, al poco tiempo de instalarse en el Palacio Nacional, el nuevo gobierno se vio obligado a adoptar un conjunto de medidas de ajuste orientadas a corregir el déficit fiscal heredado. Como se sabe, esas medidas abarcaron, en primer lugar, la entrada en vigencia de una reforma tributaria que, entre otros factores, incrementó el impuesto al valor agregado (ITBIS), de 12 a 16 por ciento, y elevó los impuestos selectivos a los productos derivados de las cervezas, los alcoholes y el tabaco. En segundo lugar, tuvimos que aplicar un ajuste por inflación al impuesto selectivo de los combustibles, y en tercer término, dimos inicio a la focalización de los subsidios al gas licuado de petróleo (GLP). En lo que respecta a la reforma tributaria, es preciso indicar que el potencial de recaudación estimado de dicha reforma se encontraba entre 18 y 20 mil millones de pesos, esto es, un 2.5 por ciento del PIB. Sin embargo, la reforma finalmente aprobada por las cámaras legislativas, redujo esas recaudaciones en unos 6 mil millones de pesos. Hemos enfrentado esa reducción en los ingresos fiscales con una mayor austeridad en el gasto público y una mejora significativa en la eficiencia de la Administración Tributaria. Con estas medidas, combinadas con otras destinadas a reducir la evasión fiscal y a simplificar la administración tributaria, logramos reducir el déficit del sector público en por lo menos 5 mil millones de pesos. Concluimos el año 2004 con un déficit para todo el sector público de 21 mil 300 millones de pesos, en lugar de 26 mil 500 millones, como se había estimado en agosto. Además, las actuales autoridades han puesto en práctica una política económica dirigida a reducir el déficit fiscal del sector público no financiero de esos 21 mil 300 millones de pesos en el 2004, a tan sólo 6 mil 400 millones en el 2005, y a que éste se transforme en un superávit de más de 7 mil millones en el 2006. Al 16 de agosto del 2004, el país tenía atrasos en el pago de la deuda externa por un monto superior a los 200 millones de dólares, y se proyectaba que al término del año ese monto s e colocaría en más de 440 millones de dólares. Del 2000 al 2004, la deuda externa dominicana pasó de 3 mil 672 millones de dólares a 6 mil 332 millones. Desde el mes agosto al momento actual, en seis meses de gobierno, hemos pagado 408 millones de dólares, lo que nos ha permitido ponernos al día con nuestros compromisos externos, y de esa manera ir recuperando la credibilidad y confianza que caracterizó al país durante el período de 1996-2000. En lo que respecta a la deuda interna, la actual administración encontró, al 16 de agosto, una deuda con los bancos comerciales, una deuda administrativa en la Secretaría de Finanzas y otra en bonos que ascendía a más de 25 mil millones de pesos. Hasta el 15 de este mes de febrero, nuestro gobierno ha realizado pagos por concepto de esa deuda por encima de 2 mil 400 millones de pesos. Al tomar posesión, hace seis meses, la tasa de desempleo superaba el 18 por ciento. Eso representa un aumento notable del nivel de desocupación que existía al dejar el gobierno en el año 2000, que era de 13.9 por ciento. En términos absolutos, este nivel de desempleo significa que a octubre del 2004, el número de desocupados ascendió a cerca de 800 mil personas, cifra que corresponde al más alto nivel registrado en la República Dominicana en los últimos 11 años. El salario mínimo real experimentó una disminución acumulada de 28.4 por ciento, en el pasado cuatrienio, y por supuesto, como resultado de todo lo antes descrito, la pobreza se incrementó. De un 1 millón 826 mil personas que vivían por debajo de la línea de pobreza en el año 2000, se pasó a 3 millones 132 mil personas en el 2004, lo que equivale a decir, que en los últimos cuatro años el número de pobres aumentó en la República Dominicana en un millón 306 mil personas. Hay que imaginarse todo lo que eso significa en términos de tragedia humana. Yo, que he tenido la oportunidad, en varias ocasiones, de recorrer todo el territorio nacional, y de entrar en contacto con distintos sectores de la vida del país, lo he podido percibir con mis propios ojos. Lo he visto en las madres desesperadas que ya no saben como sostener a sus hijos. Lo he captado en los cuerpos desnutridos de muchos niños. En los rostros envejecidos, a destiempo, de muchos jóvenes. En la angustia de muchos profesionales desorientados. En la amargura de todo el que está sin ocupación y sin ingresos fijos. En el desconsuelo de nuestros hombres y mujeres del campo. En fin, lo he sentido en el alma de un pueblo acongojado, merecedor de un mejor destino. Señores Miembros de la Asamblea Nacional: El objetivo inmediato de corto plazo del gobierno que se instaló el pasado 16 de agosto ha sido el de recuperar la estabilidad macroeconómica perdida, así como el de reiniciar el crecimiento de los distintos sectores de la economía del país. Estamos conscientes, sin embargo, que esto sólo representa la primera etapa de un proceso mucho más largo y complejo que implica la redefinición de un nuevo modelo de desarrollo económico; de un fortalecimiento de las instituciones del Estado, que contribuya a una mayor gobernabilidad democrática del país; de una nueva estrategia de competitividad, tanto nacional como internacional; y del logro de mayores niveles de equidad y justicia social. Como consecuencia de los primeros logros en la estabilización de la economía, así como de la coordinación exitosa en la ejecución de la política fiscal y monetaria, en determinados círculos de opinión surgió la interrogante acerca de si era todavía necesaria la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta a esa interrogante tiene que ser inevitablemente positiva, porque a pesar de algunas iniciales conquistas en cuanto a la estabilidad de la economía nacional, aún era imprescindible la suscripción de un acuerdo con ese organismo crediticio internacional, para asegurar la continuación y sostenibilidad de esos esfuerzos. El acuerdo stand-by suscrito con el Fondo Monetario Internacional le proporcionará al país en los próximos dos años, el ingreso de cerca de 1 mil cien millones de dólares; pero de igual manera, la reprogramación o reestructuración de pagos ascendentes a mil millones de dólares, con lo cual le evitaremos al país nuevas angustias y sacrificios. La firma de un acuerdo con el FMI le representa, pues, a la República Dominicana un beneficio neto de más de dos mil millones de dólares. Entre los compromisos que contraemos al suscribir el referido acuerdo stand-by se encuentran, entre otros, la aplicación de políticas dirigidas a fortalecer la estabilidad de precios y asegurar la reactivación del crecimiento sostenido; aplicar una política de ajuste fiscal, que ya se hizo, para mejorar las cuentas públicas y reducir la deuda del Estado; adoptar una estrategia de fortalecimiento del sistema bancario para establecer una sólida intermediación financiera; y fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, a fin de mejorar la ejecución de la política monetaria y de garantizar la estabilidad de un sistema financiero transparente y eficaz. La firma del acuerdo con el FMI le confiere al país la consolidación de la confianza de los agentes económicos, elemento imprescindible para incrementar las inversiones, mejorar el flujo comercial y volver a acceder a los mercados financieros internacionales de capitales. En lo que respecta a la falta de recursos a corto plazo para tener un presupuesto balanceado, el gobierno tiene como objetivo realizar una reestructuración del pago de los bonos externos, una reprogramación de la deuda con los bancos comerciales y suplidores, una nueva planificación de las obligaciones con el Club de París en el 2005, y la obtención de un nuevo financiamiento con la banca privada local.
Luego de un incremento de un 102 por ciento en el 2003, la emisión monetaria sólo aumentó 1.3 por ciento el año pasado. Para controlarla, se emplearon mecanismos de mercado abierto, colocando certificados de inversión del Banco Central, a menores tasas de interés y logrando una extensión significativa de los plazos. Los plazos de los valores subastados se extendieron de 7 y 14 días a más de 360 días en los últimos cuatro meses. A su vez, las tasas de interés se redujeron de un promedio de 56.1 por ciento a 25 5 por ciento. Como resultado de lo anterior, la política monetaria ha cumplido con su objetivo de controlar la inflación. En lo que concierne al sector financiero, me permito anunciar que ya se encuentra en ejecución un programa bien reestructurado de capitalización bancaria, y estamos trabajando, de igual manera, para fortalecer la Junta Monetaria y aumentar la independencia y la capacidad de rendición de cuentas del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Honorables Miembros del Congreso Nacional: Uno de los elementos de mayor perturbación en el ámbito de la economía nacional lo constituye el denominado déficit cuasi-fiscal del Banco Central, el cual, como todos sabemos, se creó por la decisión de salvar, en la totalidad de sus activos, a los depositantes de los bancos en dificultades. Cabe destacar que según se estableció en el acuerdo con el FMI, se espera una reducción del déficit cuasi-fiscal de un nivel de 4 por ciento del PIB en el 2004 a 3.2 por ciento del PIB en este año. Para reducir el referido déficit, el Banco Central no sólo se ha estado apoyando en instrumentos tradicionales, sino que está empleando una estrategia integral que introduce nuevos elementos para hacer política monetaria. Reconozco que estos son temas técnicos muy complicados, de difícil comprensión para la generalidad de la gente, pero dada su importancia vital para el buen desempeño de nuestra economía, es necesario que el pueblo los escuche y pueda valorar el inmenso esfuerzo que desde el gobierno se realiza para superar nuestros problemas actuales. A principios de febrero del 2005, el Banco Central, por vez primera en su historia, logró colocar recursos a plazos de más de un año, rompiendo la cultura de corto plazo en el ahorro y la inversión que ha predominado en nuestro país por tantos años. Otro paso de avance, en este aspecto, lo constituye el hecho de que los inversionistas de los instrumentos del Banco Central que deseen hacer líquidos sus certificados antes de vencimiento, disponen de las herramientas legales, tecnológicas y operativas para transar sus títulos en el mercado secundario de valores dominicanos, bajo los mismos parámetros de los mercados financieros internacionales. Es innegable que estos mecanismos nos abren las puertas al mundo digital, permitiendo que en tiempo real, inversionistas de cualquier lugar del mundo puedan adquirir y negociar electrónicamente los instrumentos financieros del Banco Central. Estos beneficios a los que he hecho referencia, se harán extensivos a los títulos del Gobierno Dominicano, a los fines de crear un verdadero mercado de deuda pública que impulse de manera definitiva el desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana. Eso, señoras y señores, es avance. Eso es progreso. Eso es modernidad. Como puede apreciarse, el gobierno tiene en marcha toda una estrategia consistente y confiable para solucionar el problema que hemos heredado del déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Desde el 16 de agosto, fecha en que prestamos el juramento para servir de guía al interés nacional, al momento actual, el presente gobierno ha terminado con lo que podríamos considerar como el primer tramo de su gestión. En ese breve período de tan sólo seis meses ha obtenido, sin embargo, algunas conquistas fundamentales. Por de pronto, ha evitado que se produjera el inminente colapso, al tiempo que ha logrado rescatar la confianza y restituir la estabilidad a la maltrecha economía nacional. Ha logrado, en fin, aplicarle un torniquete a la hemorragia que estaba desangrando al cuerpo exánime del pueblo dominicano. Señores Miembros de la Asamblea Nacional, Ilustres Personalidades: Durante más de dos décadas la economía dominicana había estado evolucionando de manera ejemplar. Luego de hacer la transición desde un sistema económico basado en la exportación de productos agrícolas hacia un modelo esencialmente de servicios, fundamentado en zonas francas, turismo, remesas y telecomunicaciones, la República Dominicana logró convertirse en uno de los arquetipos a imitar en América Latina. Pero independientemente de las causas que nos llevaron a la situación de descalabro de los últimos años, hay un hecho incontrovertible; y es que el modelo que tantos éxitos nos proporcionó en el pasado ya no es una garantía de nuevos triunfos en el futuro. Como consecuencia del surgimiento de la globalización, el mundo ha cambiado de manera abrupta y radical, y ese cambio está teniendo un impacto dramático en las formas de funcionamiento de las economías y las sociedades. Las naciones que no se transformen y no se adapten a las nuevas condiciones de la realidad del mundo, cada vez más interdependiente e interconectado, irán perdiendo progresivamente la capacidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos, hasta finalmente sucumbir. Comprendemos los inmensos retos que esto representa, pues tal como hace cerca de un siglo lo sostuviera John Maynard Keynes, el genial economista inglés, la mayor parte de las veces la dificultad no estriba tanto en adoptar las ideas nuevas como en saber desembarazarse de las viejas. La República Dominicana no es una excepción. En la actualidad, nuestro país se enfrenta a profundos desafíos; y sólo en el compromiso solemne que hagamos todos, gobernantes y gobernados, de enfrentarlos, descansan las esperanzas de garantizar un porvenir lleno de prosperidad para nuestra población. El primer gran desafío que al iniciarse el siglo XXI la República Dominicana tiene por delante es el de construir un Estado nacional moderno y eficiente. Parecería una gran paradoja que frente a un fenómeno creciente de globalización estemos planteando que la construcción del Estado nacional moderno constituya una prioridad en nuestra agenda. Sin embargo, en ausencia de ese Estado nacional podemos afirmar que simplemente no existimos como país, ni para la comunidad internacional, ni para nosotros mismos. Este país no puede continuar con la práctica de ni siquiera poder proporcionarle un acta de nacimiento a cada niño o niña nacidos en esta tierra, o un acta de defunción a cada uno de sus muertos. No podemos continuar con un Estado que no sea capaz de garantizar la recogida de la basura, proveer agua potable, impedir el caos en el tránsito, ponerle fin a los apagones o asegurar un servicio adecuado en los hospitales públicos. No podemos continuar con un Estado que no sea capaz de reducir la pobreza, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, así como crear las condiciones necesarias para superar el hambre, el desempleo y la falta de vivienda. En resumen, necesitamos un Estado en cuyas instituciones y su capacidad para hacer predominar la ley podamos confiar todos, tanto nosotros, ciudadanos de este país, como los gobiernos y nacionales extranjeros del mundo entero. Construyamos un país ordenado, con instituciones eficientes y funcionarios responsables, con una visión moderna de gestión pública, flexible, ágil y transparente. Construyamos un país bajo el imperio de la ley. Cultivemos el orgullo de ser dominicanos, y de que en todas partes del planeta se nos respete y se nos distinga precisamente por esa condición: porque somos dominicanos. Pero en adición a construir ese nuevo Estado nacional, es imprescindible redefinir también un nuevo paradigma de desarrollo económico y social. Hasta ahora, a pesar de sus éxitos, el modelo de desarrollo que hemos seguido en las últimas dos décadas a través de las zonas francas se caracteriza por ser un modelo de trabajo intensivo, concentrado esencialmente en la producción de textiles y prendas de vestir y orientado hacia el acceso preferencial del mercado de los Estados Unidos. Aunque para algunos el actual problema de ese sector se reduce a una pérdida de competitividad por apreciación del peso dominicano, lo cierto es que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Para las actuales autoridades, no hay dilema entre la competitividad y una tasa de cambio de equilibrio. Ambos son conceptos dinámicos. La competitividad irá mejorando en la medida en que la estructura de costos se vaya adecuando a la nueva realidad cambiaria. Lo que no puede ocurrir es que la política monetaria pueda ser utilizada como un mecanismo de coyuntura para corregir problemas estructurales en la competitividad de algún sector de la economía nacional; y esto así, sencillamente, porque un país que aspira al progreso y al desarrollo sostenible no puede fundamentar su estrategia de competitividad en un proceso continuo de devaluación. En sentido general, las zonas francas se enfrentan en estos momentos a dos importantes desafíos. El primero se refiere al desmantelamiento del sistema de cuotas establecido en el Acuerdo Multifibras, luego sustituido por el Acuerdo sobre Textiles y Vestuario, el cual concluyó el 31 de diciembre del 2004; y el segundo corresponde a los problemas derivados de la llamada Agenda de Doha, la cual ha fijado para el 2009, la eliminación de los subsidios. Después de haber tenido durante más de veinte años un acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, la República Dominicana, así como los demás países de Centroamérica y el Caribe, verán ese acceso erosionarse, al tiempo que China y la India, con costos de producción más bajos y una industria integrada de manera vertical, se convertirán en los grandes beneficiarios. El sector textil de las zonas francas dominicanas, el cual representa aproximadamente el 50 por ciento de las exportaciones nacionales, deberá, conjuntamente con el gobierno, elaborar un plan de reordenamiento y reconversión, con el propósito de producir localmente las materias primas y los bienes intermedios que se utilizan en la manufactura del bien final exportado. En otras palabras, tenemos que crear las condiciones para que se produzca un proceso deliberado de integración de las industrias de zonas francas con otros sectores de la economía nacional, a través del cual se expandiría la generación de riquezas en la economía nacional. La mejor forma de mitigar los efectos de la eliminación del sistema de cuotas y de fortalecer la posición de competitividad de los productores dominicanos de prendas de vestir en el mercado norteamericano es a través de la aprobación en nuestras cámaras legislativas del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas de DR-CAFTA. La entrada en vigencia de ese acuerdo comercial permitirá a la República Dominicana mantener el nivel de empleo en las zonas francas, ya que evitaría la eliminación de aproximadamente 23, 400 puestos de trabajo que se estima podrían perderse debido al desmantelamiento de las cuotas de los textiles y a la competencia asiática, a que hemos hecho referencia. Naturalmente, los cambios en el sistema económico no sólo se refieren al sector de zonas francas. En sentido general, todos los sectores de la economía del país están apremiados a profundos cambios en el porvenir inmediato como consecuencia de la nueva competencia que surge de los cambios mundiales. Tomando eso en consideración, durante los primeros meses de esta administración constituimos el Gabinete Turístico, el cual está integrado por los ministros, funcionarios y representantes del sector privado que inciden en ese sector. De la misma forma instituimos el Consejo Nacional de Salud y Turismo (CONSATUR), que deberá velar porque en el país existan las mejores condiciones sanitarias para quienes nos visitan. Una de las prioridades del presente gobierno es el desarrollo de Pedernales y Barahona. A través de la Secretaría de Estado de Turismo se está recibiendo la colaboración del PNUD y la Organización Mundial de Turismo para el diseño del Plan de Desarrollo Turístico del Suroeste. Tengo que destacar que desde agosto del año pasado se han iniciado proyectos turísticos con una inversión que supera 1 mil 500 millones de dólares, dato que reafirma el nivel de confianza que nuestro país ha venido recuperando en los agentes económicos nacionales e internacionales. Se inició en firme la conquista del mercado brasileño, desde donde vendrán vuelos charters semanales a partir del próximo mes de julio, y se ha dado apertura a la Oficina de Promoción Turística en Rusia, desde donde pretendemos atraer el mercado de los países de Europa Oriental. Señoras y Señores: A pesar de la transición de la economía nacional de un modelo agro-exportador hacia otro de servicios, lo cierto es que el sector agropecuario sigue desempeñando un papel fundamental en el conjunto de la economía nacional. Así, por ejemplo, sigue siendo el principal generador de empleos del país y el que garantiza la provisión de alimentos a toda la familia dominicana. Por tales motivos, nos proponemos, en este sensible sector de nuestra economía, ejecutar de manera permanente el Programa de Recuperación de la Producción de Alimentos Básicos, como forma de mejorar la oferta de alimentos a precios asequibles a la población dominicana. De igual manera, fortalecer los programas sanitarios, fitosanitarios y sistemas de diagnósticos de plagas y enfermedades; establecer un sistema organizado y transparente de pignoración para garantizar la adecuada comercialización de rubros sensibles y perecederos, como son arroz, habichuelas y ajo; y ejecutar en los próximos dos años el Proyecto de Apoyo a la Transición de la Competitividad Agroalimentaria, el cual contempla un apoyo a la adopción de tecnologías y asistencia técnica para la reforma comercial e institucional. Procederemos a afianzar la cartera de crédito del Banco Agrícola; a promover un programa nacional de rehabilitación y construcción de infraestructuras en el sector rural, tales como caminos vecinales y sistemas de distribución de agua; a ejecutar un programa de capacitación de técnicos y agricultores y a aplicar una plataforma de agro exportación con aquellos productores que tienen la capacidad de insertarse en los mercados internacionales, para agregar valor a la producción, incrementar su rentabilidad y crear empleos y riqueza. Ahora bien, en una visión de mediano y largo plazo, la estrategia de competitividad de la República Dominicana debería estar orientada hacia la promoción de un modelo de producción de capital intensivo, basado en la innovación y el uso de las tecnologías modernas. Al abordar temas de esta naturaleza, el destacado pensador contemporáneo estadounidense, Jeremy Rifkin, en su libro, La Era del Acceso, La Revolución de la Nueva Economía, afirma lo siguiente: “Si la era industrial se caracterizaba por la acumulación de capital y de propiedad física, en la nueva era lo estimable son las formas intangibles de poder que se presentan en paquetes de información y en activos intelectuales.” A esto añade: “La separación de la humanidad en dos esferas de existencia bien diferentes – la llamada división digital – representa un momento definitorio de la historia. Cuando un segmento de la humanidad no puede ni siquiera comunicarse con otro en el espacio y en el tiempo, la cuestión del acceso adquiere una importancia política de proporciones históricas. En los tiempos venideros la gran división será entre aquellos cuyas vidas se desarrollan de manera creciente en el ciberespacio y aquellos otros que nunca tendrán acceso a ese potentísimo nuevo ámbito de la existencia humana. Este es el cisma básico que determinará buena parte de la lucha política en los próximos años.” Conscientes de esa realidad, la actual administración se encuentra en estos momentos trabajando intensamente para un relanzamiento del Parque Cibernético de Santo Domingo, hacia donde nos proponemos atraer nuevas inversiones que permitan incrementar el valor agregado del producto nacional. Debido a que un centro de innovación como el Parque Cibernético opera en base a conocimientos, y por consiguiente, sólo puede desarrollarse plenamente donde hay recursos humanos especializados, hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Stevens de Tecnología de los Estados Unidos y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, para que dentro de la referida instalación podamos disponer de una unidad de excelencia académica que otorgue títulos de maestría y doctorado en las áreas de informática, biotecnología e ingeniería de software. Esa, por supuesto, será una magnífica oportunidad para jóvenes de talento, que podrán cultivarse a plenitud en esas áreas, consideradas en la actualidad de vanguardia, e impulsar el desarrollo del país por nuevos senderos de generación de productividad, innovación y modernidad. Después de todo, quién sabe cuántos Bill Gates ocultos y desconocidos proliferan por los campos y ciudades de la República Dominicana. El gran talento joven dominicano necesita apoyo e incentivo. Nosotros se lo proporcionaremos. Considerando precisamente que es en el desarrollo del capital humano donde reside el futuro de la nación, le estamos otorgando a la educación la categoría de actividad prioritaria en esta gestión de gobierno. En estos momentos se lleva a cabo un Foro Presidencial por la Excelencia Académica, el cual procura integrar a los diversos actores del sector educativo del país, esto es, a maestros, padres, alumnos, amigos de las escuelas y expertos, a los fines de definir una estrategia consensuada sobre los contenidos curriculares y los nuevos objetivos por los que debe orientarse la enseñanza en la República Dominicana. Aspiramos a una cobertura universal y a una educación de calidad. Trabajamos para instalar laboratorios de computadoras en todas las escuelas públicas. Iniciaremos, con los auspicios del Despacho de la Primera Dama, la construcción de centros tecnológicos comunitarios en los distintos municipios del país; construiremos, de igual manera, los primeros community colleges; diseñaremos un plan de becas en el exterior para estudiantes meritorios; entregaremos, en los próximos meses, los edificios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago y Puerto Plata, así como la biblioteca de la sede central; y pondremos pronto en ejecución los proyectos pilotos de educación bilingüe en el sistema escolar público. Observando con preocupación la suerte de miles de estudiantes universitarios que se ven obligados a abandonar sus estudios, o están sujetos a fuertes limitaciones, hemos decidido lanzar un programa que va en su auxilio y que denominamos, Tarjeta Joven Universitario. El programa consiste en la emisión de una tarjeta de crédito, con un límite de hasta 10 mil pesos, en favor de jóvenes universitarios de escasos recursos. En lo inmediato, el programa incorporará a 25 mil estudiantes, pero se incrementará hasta 100 mil en el transcurso de la actual gestión de gobierno. La tasa de interés a pagar será de carácter preferencial de un 3.5 por ciento sobre saldo insoluto. El plazo para el pago mínimo, de 18 meses. ¿Cómo podrán estudiantes de escasos recursos cumplir con sus obligaciones derivadas del uso de la tarjeta de crédito? Podrán hacerlo, porque tanto en las distintas instituciones del gobierno, como a través de incentivos que crearemos en el sector privado, esos estudiantes se irán incorporando como pasantes, recibiendo el salario mínimo. Es importante aclarar que el plan a que estamos haciendo referencia no constituye un subsidio, sino una facilidad de crédito, con aval del gobierno, que sirve de plataforma para la incorporación de nuestra juventud al mundo del dinero plástico, el trabajo productivo y la modernidad. En el sector de salud pública, nos proponemos, desde ya, la terminación y apertura de sub-centros, hospitales locales y clínicas rurales, en las ciudades de Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Cotuí, Barahona, Bahoruco, Pedernales y San Juan de la Maguana. Se procederá al relanzamiento de la estrategia de atención primaria en salud, con un enfoque intensivo de lucha contra la pobreza, por medio de 500 equipos de salud familiar, los cuales serán responsables de las siguientes acciones: Primero: Vacunación de un millón de niños menores de un año. Segundo: Cubrir el 85 por ciento de los municipios de elevada prevalencia de tuberculosis. Tercero: Asegurar el éxito epidemiológico mediante el control estricto de la malaria, el dengue, la rabia y la meningitis. Cuarto: Vacunar 560 mil estudiantes contra la rubéola y el sarampión; y Quinto: Cobertura con medicamentos antirretrovirales y fármacos contra las infecciones de HIV positivo y SIDA. Es hoy motivo de gran preocupación para el gobierno el que a pesar de que el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que inició sus operaciones a finales del año 2001, y que hoy cuenta con alrededor de un millón 190 mil trabajadores y empleadores afiliados al seguro de vejez, discapacidad y pensiones, no se haya dado inicio al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo. Esa situación provoca que los afiliados y dependientes de ese sistema de seguro se encuentren desprotegidos de los servicios que el sistema proporciona. Es un compromiso impostergable de nuestro gobierno que en este año se ponga en marcha el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo y se amplíe la cobertura del régimen subsidiado, lo cual se inscribe en la estrategia de reducción a la pobreza que viene desarrollando la presente administración. Reconozco que existen aspectos que limitan la materialización de esta conquista del pueblo dominicano, tales como la doble afiliación, el costo del Plan Básico y tarifas de honorarios profesionales, entre otros, pero la seguridad social es un compromiso nacional y todos debemos aportar para su plena cristalización. A los fines de superar estos obstáculos estoy instruyendo al Secretario de Estado de Trabajo para que en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, declare a este organismo en sesión permanente a los fines de que se elabore la propuesta definitiva de puesta en marcha del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo. De igual manera, estoy impartiendo instrucciones para que el Vice-presidente de la República, Dr.Rafael Alburquerque, coordine el proceso de diálogo y concertación necesaria entre las partes representadas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Señoras y Señores: Apelo a vuestra generosa indulgencia para que me permitan hacer referencia, aunque sea brevemente, a dos temas que estimo cruciales para la vida nacional: el relativo al sector eléctrico y el atinente a la seguridad ciudadana. En lo que respecta al sector eléctrico, el gobierno ha puesto en ejecución un amplio plan de reforma, diseñado en consulta con el Banco Mundial y la USAID, que procura, en el corto plazo, reducir las pérdidas, mejorar los niveles de cobro y controlar los costos operativos de las empresas distribuidoras y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. De igual forma, garantizar el suministro de energía en más de un 70 por ciento a los barrios afectados por apagones permanentes, mediante el Programa de Reducción de Apagones (PRA), que es considerado como parte de la acción social del gobierno en beneficio de los pobres; iniciar la revisión de los contratos con Congetrix y Smith Enron; la revisión del contrato de compra venta con Unión FENOSA para la adquisición de Edenorte y Edesur, y programar la revisión del llamado Acuerdo de Madrid. Las medidas de mediano plazo tienen como propósito realizar las reformas institucionales y estructurales que permitan sostener el equilibrio financiero y la normalización en el suministro y la calidad del flujo eléctrico. Ese plan tiene, además, como objetivo la reducción de las pérdidas de las líneas de transmisión a alrededor de 30 por ciento y el mejoramiento de las tasas de cobranza a cerca de 90 por ciento hacia finales de este año. Con respecto a los actos de violencia producidos por robos, homicidios, asaltos, secuestros, violaciones, consumo y tráfico de drogas, los cuales han estremecido hasta el horror a la familia dominicana, me permito informar que también con la asistencia de organismos internacionales especializados, el gobierno ha elaborado el Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana. Ese plan contiene, esencialmente, tres líneas de acción, las cuales son: en primer término, el fortalecimiento institucional de la policía; segundo, la introducción de la policía comunitaria en los barrios o zonas más afectados por la violencia y la criminalidad; y tercero, el adiestramiento de la policía para casos de situaciones extremas, que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta los desastres naturales. Se dotará a la policía de medios de transporte, comunicación, chalecos y cascos, entre las herramientas necesarias para incrementar la presencia efectiva en las calles. Se modernizará el proceso de reclutamiento, así como los planes y programas de la carrera de la Policía Nacional. Se fortalecerá la Dirección de Asuntos Internos como mecanismo de control para combatir la corrupción al interior de la policía. Se establecerán indicadores de desempeño policial, a los fines de promover en base al mérito. Se desarrollarán estrategias para la detención de los líderes y grupos dedicados al robo de vehículos, secuestros, robos, hurtos, tráfico y comercio de drogas. Se establecerá una línea telefónica de denuncia de delitos que garantice el anonimato del denunciante en la transmisión de la información. Se diseñará un sistema profesional de estadísticas, de base de datos y de mapeo de la criminalidad, para tener un verdadero control de las acciones delictivas. Se mantendrá una presencia permanente de la policía en las calles para establecer una relación directa con la comunidad. Se redefine el concepto de patrulla en los barrios, no sólo como vigilancia, sino como prevención y recuperación del espacio público. Se organizará la policía comunitaria en relación con los barrios, y se formarán los consejos barriales de prevención del crimen. Se diseñará una política de desarme basada en la regulación y control sobre el porte y tenencia de armas. En fin, señoras y señores, no escatimaremos esfuerzo alguno en pulverizar el crimen y el narcotráfico en la República Dominicana. En hacerle entender a sus autores que frente a sus desmanes, aquí hay un gobierno que los combatirá con el rigor y la fuerza de la ley, que aplicará la mano dura, y que desde ya les asegura que no pasarán. Señores Miembros de la Asamblea Nacional: Estoy consciente que hay algunos temas de interés nacional que merecen alguna reflexión. Tal es el caso, por ejemplo, del Metro de Santo Domingo. Hasta ahora, el debate que se ha suscitado a través de los medios de comunicación ha resultado abierto, plural y democrático. Personalmente, valoro todas las opiniones. Tanto las que están a favor como las que están en contra; y no pierdo de vista que algunas de las inquietudes expresadas se deben a comprensibles temores sobre nuestra capacidad técnica y financiera para emprender una obra de esa magnitud en estos momentos. Observaciones análogas recibió en los Estados Unidos el presidente Franklyn Delano Roosevelt, cuando en medio de la Gran Depresión de los años treinta, con el propósito de reactivar la economía de su país, estableció la política del New Deal y ordenó la construcción de numerosas obras públicas, en especial, las del sistema de presas del valle de Tennesse. No olvidemos tampoco que en Francia hubo una gran oposición para que se construyera en el Campo de Marte la Torre de Eiffel, hoy símbolo de esa gran nación. En distintas ocasiones he sostenido que en países como los nuestros predominan dos agendas: una, que se corresponde con la época pre-moderna, y que consiste, esencialmente, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población; y la otra, la moderna, que nos conduce, como dice Rifkin, al mundo del ciberespacio y la era digital. Tenemos que prestar gran atención y ser eficaces en la solución de los problemas que son esenciales para la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo estamos compelidos a ir creando las condiciones que nos permitan acceder al mundo de la nueva economía, pues de lo contrario, aunque hayamos lo resuelto lo primero, estaremos siempre condenados al rezago y el subdesarrollo. No nos dejemos atemorizar ante los desafíos de realizar una gran obra de progreso, sea la que fuere; y ahora, señoras y señores, e independientemente de la decisión final que adoptemos sobre el caso, permítanme invitarles, para que juntos subamos al tren de la alegría, el cual habrá de conducirnos a la estación del desarrollo y la modernidad. Mantengamos la fe y la esperanza en un porvenir más luminoso para el pueblo dominicano, pues al cabo de seis meses de gobierno, puedo asegurar aquí, que en la República Dominicana, definitivamente, E Pa Lante que Vamos! Muchas gracias.
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