Para que tal ejercicio sea absolutamente legítimo, la huelga debe ser justa y legal. Justa, en cuanto a que las aspiraciones de los trabajadores sean razonables, es decir que las mismas no pueden producir, si son obtenidas, la ruina o incosteabilidad de la empresa, en cuyo caso los resultados serían contraproducentes y catastróficos, hasta para los propios obreros que hubieran triunfado, ya que, al destruirse la empresa, perderían definitivamente su honrado medio de vida, que es el trabajo.

La huelga debe ser también legal, o sea ajustado su ejercicio a los requisitos y procedimientos ordenados por la ley, normas que en veces lo limitan, cuando afecte, en forma desfavorable, los intereses generales de la colectividad.

La actual legislación dominicana establece para la huelga un procedimiento más o menos similar al que existe en los otros países democráticos, el cual permite a los trabajadores ejercitar ese derecho, mediante regulaciones que son necesarias para evitar, o atemperar por lo menos, las graves perturbaciones sociales y económicas que suelen producirse, como consecuencia de la paralización temporal de las actividades obreras.

La huelga es además de un derecho, el último recurso que tienen los trabajadores para la defensa de sus intereses colectivos, y debe ser utilizado cuando todos los medios amigables de conciliación hayan resultado infructuosos. No es un fin, como pretenden las doctrinas socialistas de extrema izquierda, las cuales consideran que la solución del problema social sólo puede ser obtenida por medio de la lucha feroz de clases, la abolición de la propiedad privada y la implantación de la dictadura del proletariado.

Cuando la huelga se desplaza de su finalidad esencial que es la defensa de intereses obreros, para convertirse en el arma favorita de esa lucha de clases, o en un medio de perturbación social, auspiciado por intereses políticos extremistas, destinado a crear alteraciones en la paz pública o en los servicios generales que afectan a la comunidad, dicha huelga deja de ser un derecho para convertirse, pura y simplemente, en un método sistemático de agitación y desorder4 que no puede estar protegido por la ley.

Algunas de las huelgas que se han producido en el país parecen tener ese peligroso carácter, por lo cual sería conveniente que las autoridades sean muy estrictas en el cumplimiento de la ley, para evitar la proliferación de este estado de cosas que amenaza, muy seriamente por cierto, no sólo el desarrollo económico del país sino la necesaria tranquilidad de la familia dominicana.

Otro aspecto que es necesario observar, detenidamente, es el desorbitamiento que se advierte en las aspiraciones de algunos trabajadores, las cuales muchas veces rebasan las posibilidades financieras de los patronos, lo que al fin y al cabo puede producir un estancamiento, o por lo menos una apreciable mengua, en el proceso evolutivo de las actividades empresariales.

Hay que anotar, por último, que en muchas ocasiones el aumento de los salarios, obtenido por los obreros, no es correlativo con el aumento de la producción, ya que ésta, en vez de acrecentar, ha disminuido, con grave detrimento para la economía nacional por los efectos inflacionarios que esto origina. En próxima nota editorial nos proponemos tratar acerca de este tema, que consideramos de verdadera importancia para el futuro de nuestro país.

Hemos sido, y seguiremos siendo, convencidos defensores de los derechos de los trabajadores y de la necesidad de crear e impulsar vigorosamente una verdadera justicia social, pero entendemos que los sistemas o métodos que se utilicen, para lograr ese noble fin, deben estar siempre inspirados en principios de absoluta equidad, dentro de las normas democráticas en que se fundamenta la vida institucional de la República.


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