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República Dominicana:
Banco Mundial y BID proponen un plan de acción para asegurar
que el crecimiento beneficie a los pobres SANTO DOMINGO, 8 de Junio de 2006 – Un millón y medio de dominicanos cayeron en la pobreza como resultado de la crisis financiera de 2003-2004 y 700,000 de ellos se vieron forzados a reducir su consumo de productos alimenticios básicos por debajo de los niveles mínimos de subsistencia, de acuerdo con un nuevo estudio divulgado hoy en el país. Hacia la primera mitad del 2004, 42 de cada 100 dominicanos eran pobres y 16 de ellos se encontraban viviendo en una situación de pobreza extrema según el Informe sobre la Pobreza en la República Dominicana: Logrando un crecimiento económico que beneficie a los pobres, preparado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con personal del Secretariado Técnico de la Presidencia, la Oficina Nacional de Planificación y el Banco Central. “La República Dominicana no ha logrado traducir su crecimiento estelar en un progreso social más equitativo, y el país no ha alcanzado los resultados esperados en sus esfuerzos para combatir la pobreza y mejorar los indicadores de desarrollo humano”, señaló Caroline Anstey, directora del Banco Mundial para la región del Caribe. “Este informe propone recomendaciones específicas para asegurar que el crecimiento económico se pueda traducir efectivamente en una mayor reducción de la pobreza, igualdad de oportunidades y el desarrollo social en la República Dominicana, con reformas que aumenten el empleo y la productividad de los pobres y a su vez mejoren la calidad y el impacto de las inversiones en los pobres”, continuó Anstey. "Este informe presenta una serie de opciones de políticas con potencial para acelerar la reducción de la pobreza y lograr una mayor equidad en el marco de un crecimiento económico sostenido y estabilidad macroeconómica", expresó Máximo Jeria, Gerente del Departamento Regional de Operaciones para Belice, Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. "Dichas opciones pretenden promover las oportunidades económicas para los pobres y aumentar el acceso a mejores empleos, fortalecer la prestación de servicios básicos de calidad, por ejemplo en el segundo ciclo de educación primaria y en secundaria, y mejorar la equidad del gasto dirigido a los más vulnerables ", añadió Jeria. El país ha alcanzado algunas mejoras en educación, salud y otros indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero estos indicadores siguieron por debajo de los niveles esperados para el nivel de desarrollo económico del país, mientras que el acceso a servicios básicos confiables y de calidad continuó siendo deficiente. El informe señala cinco razones por las cuales el país no logró reducir la pobreza y mejorar la equidad social: I. El crecimiento durante el período 1997-2002 fue desigual y benefició mayoritariamente a las regiones de mayor riqueza y a los trabajadores con educación universitaria. En contraste, los trabajadores agrícolas y aquellos en servicios de baja productividad o en pequeñas empresas se beneficiaron muy poco. Las remesas solamente tuvieron un pequeño impacto en la pobreza, ya que los pobres perciben montos menores que los más acaudalados (cerca del 80% va a las áreas urbanas, 40% a las familias más ricas).
III. Los bajos ingresos de los pobres en gran parte se deben a la baja productividad laboral, y no a barreras en el mercado de trabajo que les impidan utilizar sus habilidades para conseguir trabajos mejor pagados. El elevado empleo informal no es una causa principal directa de los ingresos bajos, sino el resultado de la baja calificación de la fuerza laboral y la baja productividad de muchas pequeñas empresas en el país. El desempleo afecta mayoritariamente a los jóvenes y a las mujeres que entran a la fuerza laboral sin haber terminado la educación secundaria. La migración interna y los empleos no agrícolas han permitido que muchos dominicanos consigan trabajos mejor remunerados para sus habilidades, pero muchos agricultores permanecen atrapados en la pobreza debido a su bajo nivel educativo y niveles inadecuados de infraestructura.
V. La República Dominicana también muestra resultados inferiores en sus políticas fiscales en apoyo a la acumulación de capital humano y a los ingresos de los pobres en el corto plazo. Un legado de centralización de la administración y distribución del gasto público, la duplicación de programas, la débil focalización, un monitoreo inadecuado del gasto público y prácticas de contrataciones del sector público desactualizadas, ha reducido enormemente el impacto del gasto social y en particular de los programas de transferencias y subsidios. Por ejemplo, con una mejor focalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del programa de Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) se podría ahorrar hasta un 20% de su presupuesto obteniendo el mismo impacto y beneficiando más a las familias pobres. Los subsidios universales al consumo de electricidad y gas propano se estiman en un 2.5 por ciento del PIB en el 2005 (más de dos terceras partes del gasto público combinado en educación y salud). Finalmente, el sistema tributario del país mantiene varias disposiciones que favorecen más a los ricos que a los pobres. Por ejemplo, más de la mitad de las exenciones del ITBIS van a los más acaudalados, y las exenciones tributarias sobre las propiedades e intereses al ahorro también favorecen más a los grupos de mayor riqueza. El informe concluye con una serie de recomendaciones para acelerar la reducción de la pobreza y lograr una mayor equidad. Además del mantenimiento de un crecimiento económico sostenido con políticas macroeconómicas prudentes, las 10 recomendaciones principales son: i. Un aumento sostenible del gasto público en educación dirigido a mejorar el acceso de los pobres a una mayor calidad educativa, y la eliminación de cuellos de botella en el nivel preescolar, el segundo ciclo de la primaria y en el nivel secundario en zonas rurales y urbanas marginales, junto al apoyo con becas universitarias para estudiantes meritorios de bajos ingresos. ii. Avanzar con la reforma
del sector salud y de la seguridad social para asegurar el acceso
sostenible de los pobres y grupos más vulnerables al régimen
de seguro de salud subsidiado. iv. Expandir el acceso a los activos y servicios básicos mediante programas con enfoque territorial focalizados en las zonas rurales y barrios marginales urbanos, mejorando el impacto del gasto de los gobiernos municipales y reorientando la inversión rural hacia la infraestructura básica. v. Consolidar el Sistema de Identificación de Beneficiarios Sociales (SIUBEN), asegurando que las familias dominicanas pobres no sean excluidas debido a la falta de documentación apropiada. vi. Reorientar la asistencia social hacia programas de transferencias “inteligentes” mejor focalizados que condicionen las transferencias a que las familias pobres se comprometan a enviar a sus niños a la escuela y a obtener asistencia de salud preventiva para embarazadas e infantes. Esto debe estar acompañado de la racionalización de los programas de asistencia social existentes y acorde con las necesidades de inversión para mejorar el acceso y calidad de la oferta de los servicios de educación y salud. vii. Llevar a cabo una reforma del subsidio del gas propano, por ejemplo, fijando un tope al monto de transferencias por familia y excluyendo a las de mayores ingresos a través del SIUBEN; e implementando mecanismos para focalizar el subsidio a la energía eléctrica en los pobres y aumentar la cobranza entre los más acaudalados. viii. Reformar de manera más profunda el ITBIS para expandir su base y eliminar las exenciones que benefician mayormente a las familias más acomodadas, manteniendo excluidos o con una tasa impositiva menor a los alimentos básicos; así como establecer reformas para aumentar los ingresos tributarios provenientes de la propiedad e intereses financieros de las familias de mayores recursos. Es vital que futuros esfuerzos adopten una visión amplia de reforma fiscal que comprenda tanto distintas fuentes de recaudación como el nivel y calidad del gasto social. ix. Adaptar la legislación laboral al nuevo contexto de comercio internacional, y estudiar el impacto de la migración haitiana con el fin de regularizarla de acuerdo a la capacidad de absorción de mediano-largo plazo del mercado de trabajo. x. Dedicar la debida atención al fortalecimiento del sistema nacional de estadística a fin de hacer uso rutinario del monitoreo y la evaluación de impacto en el diseño de las políticas públicas y la asignación de recursos presupuestarios. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran listos para apoyar al gobierno dominicano en la implementación de estas reformas y programas. |
